A la inicial libre circulación de personas, capitales y servicios los europeos hemos añadido la llamada “cuarta libertad” (de circulación de trabajadores) y un “núcleo duro” de la Unión sin fronteras físicas, el llamado espacio Schengen, que no tiene parangón a nivel internacional y que representa, sin ningún género de duda, un símbolo sin precedentes de la Unión Europea y sus éxitos.

 

No obstante, la integración europea y el correspondiente fomento de las interrelaciones trasnacionales de sus sociedades no podía albergar sólo ventajas. Así, como fue previsto por sus arquitectos, las libertades consagradas venían acompañadas de un natural y lógico riesgo: el aumento de la dimensión trasnacional de determinados fenómenos delictivos.

 

Como es de suponer, la respuesta vendría de la mano del necesario aumento de la coordinación del sistema judicial y policial de los Estados miembros, tarea en relación con la cual la creación de Eurojust, mediante la decisión 2002/187/JAI del Consejo, de 28 febrero de 2002, supuso un hito incontrovertido. La citada decisión (vinculante para los Estados de la Unión desde su aprobación) se desarrolló en nuestro país mediante la Ley 16/2006, de 26 de mayo, cuya disposición adicional segunda aseguraba el marco para el desarrollo de la Red Judicial Europea.

 

No obstante lo anterior, se han producido desde su aprobación continuos avances tanto en el marco jurídico de cobertura como en la coordinación de las autoridades judiciales, entre los que cabe destacar los producidos en relación con la bautizada, por algunos académicos, como “quinta libertad” comunitaria: esto es, la libre circulación de resoluciones judiciales. Entre los citados avances resalta en particular la Decisión 2009/426/JAI del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, por la que se refuerza Eurojust, motivación que impulsó la reciente aprobación de la Ley 16/2015, de 7 de julio, por la que se regula el estatuto del miembro nacional de España en Eurojust, los conflictos de jurisdicción, las redes judiciales de cooperación internacional y el personal dependiente del Ministerio de Justicia en el Exterior.

 

La citada Ley 16/2015 no sólo acoge y desarrolla los avances de la Decisión 2009/426/JAI en la reforma de Eurojust, sino que se dirige asimismo hacia la regulación de los conflictos de jurisdicción a nivel europeo en España, así como de la Red Judicial Europea, la relación de ésta con Eurojust y, asimismo, un estatuto del personal del Ministerio de Justicia en el Exterior hasta entonces inexistente.

 

En relación con Eurojust, en particular, la norma establece el Estatuto del miembro nacional (nombramiento, cese, duración del mandato); define claramente las competencias (separando aquellas ejercidas directamente de aquellas inasumibles directamente por motivo del especial estatuto de los órganos a los que se atribuyen, consistentes por tanto en la oportuna propuesta y seguimiento a los órganos pertinentes); consagra la existencia de los suplentes y asistentes, especifica los deberes de colaboración de los órganos judiciales y el Ministerio Público con la citada autoridad; diseña el sistema de coordinación nacional de Eurojust; inaugura el cauce para el control parlamentario de su función, entre otros destacados avances.

 

En consecuencia, la Ley 16/2015, de 7 de julio, se configura así como el texto normativo de referencia, el punto de partida ineludible, en relación con el marco jurídico de la cooperación y coordinación judicial y policial en el Reino de España en relación con sus socios europeos. Lo anterior es sin duda de vital importancia en contexto de alerta antiterrorista a nivel continental, precipitado por los ataques del yihadismo en el último lustro y su proliferación como consecuencia de la inestabilidad generada por las llamadas primaveras árabes.

 

No obstante, la misma no debe asumirse como una estación de llegada, sino como una mera —si bien importante— estación intermedia; un paso más en el proceso de integración europea que Jacques Delors asimilara a una bicicleta, apuntando que sólo podía seguir en pie mediante su constante movimiento. Un hito más, pues, del camino que debemos recorrer juntos todos los europeos, en pos de una Europa más integrada, más solidaria, pero también más segura, y una Europa en la que los actores jurídicos, abogados y procuradores, entre otros, tenemos una relevante misión a cumplir.

 

Carlos Sánchez de Pazos Peigneux, publicado en Revista nº 43 del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid; 4º Trimestre de 2017.

http://www.icpm.es/docsBoletines/ICPM_43_web.pdf

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