En el subconsciente colectivo, e incluso en no pocos juristas, existe la idea de que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (en adelante, LOREG) es de aplicación a cualesquiera procesos electorales. He encontrado no pocas invocaciones de ello en escritos procesales en los que se impugnaba cualquier acto electoral referido a elecciones de Corporaciones profesionales, Federaciones deportivas o asociaciones, olvidando que éstas se rigen por sus propias normas: las externas dictadas por el poder público y las internas de la propia entidad adecuadas a aquéllas. La LOREG única y exclusivamente es de aplicación a las elecciones políticas, es decir, a los procesos electorales de designación de los representantes políticos de los ciudadanos en los distintos ámbitos.

Así lo dejó patente el Auto del Tribunal Constitucional 270/1987, de 4 de marzo, y lo reitera la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 2014, que confirma que la LOREG “no tiene legalmente atribuido ningún valor supletorio en elecciones de otra índole, como son destacadamente las de asambleas y consejos de entidades corporativas”. Ahora bien, naturalmente los principios generales que la LOREG contiene sí son criterios inspiradores de la interpretación de cualesquiera norma electoral: universalidad, personalidad, secreto y carácter directo del sufragio; completud del censo electoral; igualdad de oportunidades para la presentación de candidaturas y para la realización de actos de campaña; favorecimiento de la máxima participación; independencia del órgano de tutela de la objetividad y transparencia del proceso electora, etc… y, en definitiva, utilizando las palabras de la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 5 de julio de 2002, que “dicha normativa se ajuste a criterios realmente democráticas en el mismo seno de la Corporación de que se trate”. En las elecciones políticas no se reserva el derecho a la presentación de candidaturas a entidades preconstituidas (partidos políticos y federaciones de partidos) sino que están también legitimadas otras entidades que se forman ad hoc para el concreto proceso electoral, las coaliciones electorales (sólo de entre los propios partidos) y los grupos independientes llamados agrupaciones de electores. En las elecciones corporativas o asociativas no existen, obviamente, las entidades preconstituidas ni las ad hoc sino que el derecho a concurrir como candidato es individual por más que puedan presentarse candidaturas de lista como consecuencia de la agrupación entre personas que así lo deciden. Mientras que las entidades políticas tienen capacidad de medición, llamémosla así, de sus expectativas electorales, es decir, del grado de apoyo posible de los electores en función de los resultados de anteriores procesos pero también de encuestas y sondeos generales o encargados por ellos mismos, en las elecciones corporativas o asociativas no se cuenta con dicho instrumento de predicción. En razón de ello quien desee presentarse a un cargo corporativo o asociativo, ¿dispone de algún instrumento para prever el posible nivel de éxito de su candidatura en el caso de que decida presentarse? Desde luego cuenta con los mecanismos informales de información a través de las relaciones o contactos personales con los integrantes del cuerpo electoral e la Corporación, pero los mismos son notoriamente insuficientes e incluso pueden falsear la realidad. Por supuesto, está en su ámbito de disposición encomendar a una empresa especializada en la realización de encuestas la medición del posible grado de aceptación de su candidatura. Pero al margen del coste que ello comporta, y que asume el propio interesado, no es sencilla la aplicación de la técnica del sondeo de opinión en ámbitos corporativos o asociativos por la disgregación de sus miembros. En fin, queda también en manos del precandidato dirigirse mediante carta o correo electrónico (siempre que los datos sean accesibles) a los que componen el cuerpo electoral, o a parte de ellos, de la Corporación o asociación, anunciando su interés en la concurrencia a las elecciones y sus potenciales propuestas programáticas siempre y cuando, en razón del nivel de receptividad que resulte del mailing, llegue a la conclusión de que goza, de partida, del grado suficiente de aceptación. Es una actividad lícita y plenamente amparada por la libertad para dirigirse a sus compañeros ex artículo 20 de la Constitución, como cabe inferir además de las Sentencias del Tribunal Supremo de 14 de julio y 9 de diciembre de 1982. De hecho, es una fórmula adecuada para la formación libre de la opinión colegial o corporativa, igual que, con la misma obviedad, cualquiera de los que forman la Corporación o asociación pueden trasladar al resto críticas a la gestión del órgano directivo; y pueden hacerlo en cualquier momento, es decir, no se limita la confrontación al proceso electoral, porque el órgano directivo está en todo momento sujeto a las formas ordinarias de control pero también a las informales. El único límite en esta actuación que algunos han denominado de “precampaña” –y que es permanente en la sociedad democrática- es que quien, bien para anunciar su voluntad de concurrir como candidato con un programa cuando sean convocadas las elecciones, bien para ejercer su derecho a la crítica de la gestión realizada por la Junta Directiva, se dirige a sus compañeros por cualquier medio tiene vedada la explícita petición del voto pues la demanda queda circunscrita al periodo de campaña electoral. Así lo entiendo, guiado por los principios rectores del proceso electoral que nos enseña la LOREG, y en este punto en concreto, por aplicación de lo dispuesto en los artículos 50 y 51.

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